REFORMAS

Tenía yo pensado un texto para publicar hoy, uno que iba sobre la imitación, las distancias y el por qué alguien podría elegir al imitador por sobre el imitado... tenía yo un texto preparado para hoy... pero la realidad, ya se sabe, se impone...

En fin, el patético reflejo deformante tendrá que esperar ocasiones más propicias y abordemos, entonces, la realidad... mmm... El que avisa no es traidor; siéntense, que va para largo.

Cobertura mediática.

La reforma financiera presentada en los días pasados por Enrique Peña Nieto nos trasporta a escenarios que conviene detenerse a analizar mínimamente.

            Al margen de gravámenes absurdamente santaanneros, que parecieran puestos ahí únicamente para distraer, como el IVA a la compra-venta de mascotas o al alimentos de éstas, además del más ridículo de todos; a los chicles y gomas de mascar.

            Lo primero que llama la atención del paquete de medidas tributarias es la exclusión en primera instancia del impuesto a alimentos y medicinas. En primera instancia, queda escrito, porque nada garantiza que, a través de los oscuros acuerdos del Pacto por México, no será agregado posteriormente por los legisladores de cualquier partido.

            Este es un punto importante, parecemos olvidar que se presentó, únicamente, una propuesta de reforma hacendaria y que ésta aún puede ser modificada sustancialmente en cualquiera de las cámaras legislativas.

Bien podría ser que el anuncio del pasado Domingo 8 fuera, solamente, una maniobra de distracción, encaminada principalmente a restar legitimidad tanto al movimiento magisterial contra la reforma educativa, como al naciente en contra de la reforma energética.

            Esta hipótesis no es descabellada, basta con un breve repaso a la cobertura que los medios oficialistas dieron al anuncio de la iniciativa presidencial; durante la cual no se cansaron de repetir lo equivocados que estaban los profesores de la CNTE y Andrés Manuel López Obrador, al señalar que se gravaría alimentos y medicamentos.

            En esta idea, el paquete de medidas presentado por Enrique Peña Nieto contiene una serie elementos ideados para causar la incomodidad de los sectores empresariales y de clase media, como el gravamen a colegiaturas o la elevación progresiva del Impuesto Sobre la Renta.

            No se requiere demasiada imaginación para suponer que, al momento de la discusión de las reformas, los legisladores decidirán eliminar estas medidas, bajo el argumento de “ser sensibles a los reclamos de la sociedad”, “no estrangular aún más a la clase media” o alguno similar (voces que, por cierto, ya han empezado a expresar las bancadas de los tres principales partidos).

            Ahora bien, dado que el presupuesto federal, presentado al mismo tiempo que la reforma fiscal, parte de una recaudación estimada sobre dichos impuestos, se buscaría obtener los recursos que la eliminación del IVA a colegiaturas y de la progresión del ISR restaría, mediante la adopción de otras medidas, como la creación de una impuesto extraordinario al consumo general de, digamos, un 5%, con el cual se cargarían no sólo los chicles o las bebidas azucaradas, sino todo; alimentos y medicinas incluidos.

            Esta estrategia permitiría, entonces, obtener parte de los objetivos iníciales (eliminar la tasa cero para alimentos y medicamentos, permitiendo con ello, en un futuro, aumentar los impuesto sobre éstos) y salvaguardar la ya muy deteriorada imagen de Peña Nieto, pues serían los legisladores y no él, los creadores de éste nuevo régimen fiscal (que se haría, recordémoslo, para responder a los reclamos de la sociedad).

            El proceso, por supuesto, puede ser mucho menos grosero que el aquí descrito, pero el resultado final sería el mismo.

Puede suponerse que el escenario anterior es irreal, en tanto implica reconocer en el gobierno federal y sus estrategas, una capacidad mental no demostrada hasta el momento.

            La alternativa es, entonces, que la propuesta fiscal fue presentada para ser aprobada tal cual, lo que nos arroja a un escenario no demasiado halagüeño.

            Lo primero a discutir sería cuál es la definición de “lujo” sobre la que se basa la reforma fiscal. Suponer, por ejemplo, que la tenencia de mascotas y su alimentación es una demostración de éste, es, cuando menos, ignorar las dinámicas culturales de buena parte de la población de escasos recursos o medios en el país; al margen del escaso mercado para “animales de raza” (a cuya compra-venta se grava con IVA), lo cierto es que la mayor parte de la población tiene mascotas por el proceso del regalo de las camadas de animales domésticos (lo que viene en buena medida, por la falta de una cultura de la esterilización de los animales de compañía).

            Tanto más, es en las colonias populares de los centros urbanos y en el ámbito rural en donde mayor concentración de perros y gatos domésticos puede encontrarse. Es, justamente, sobre la población de estos lugares (y no en quienes poseen “animales de raza” comprados) que se recargaría el mayor peso de este gravamen.

            Lejos de aumentar la recaudación impositiva, esta reforma sólo provocaría una disminución en el mercado de alimentos para animales domésticos y la proliferación de animales abandonados en los ambientes citados.

            Otro tanto ocurre con, por ejemplo, el IVA a las colegiaturas. No se trata solamente de aumentar la carga impositiva sobre la capa poblacional que puede permitirse estudiar en centros de paga, no en un país que ha abandonado sistemáticamente su sistema de educación pública en todos los niveles, obligando a la cada vez más escasa y empobrecida clase media a buscar alternativas particulares antes la saturación e insuficiencia de las escuelas oficiales.

            De nuevo, más que aumentar la recaudación fiscal, ésta medida parece más encaminada a propiciar una migración masiva hacia el sistema público de educación básica (ya de por sí saturado) y la creación de un ejército de desempleados juveniles sin preparación universitaria, ante la reducida matrícula de las universidades públicas y la imposibilidad de pagar las colegiaturas (más IVA) de las privadas.

            Incluso los impuestos que podrían resultar plausibles, como el IVA a las bebidas azucaradas, se antojan mucho más demagógicos que otra cosa. En el ejemplo citado, se utiliza la alta incidencia de obesidad (sobre todo infantil) como argumento a su favor. Pero, sin la creación de una campaña real de salud pública que eduque a la población sobre los efectos del consumo de estos líquidos, más que reducir su consumo (lo que, presuntamente, se busca), sólo provocará que quienes los ingieren, paguen más.

            Sobre el impuesto a los espectáculos públicos (salvo teatro y circo), incluso aceptando, como fue presentada, que esto se limitara únicamente a los conciertos; gravar con IVA a una manifestación cultural ya es un problema. El asunto es que no se limita únicamente a los conciertos, tal cual fue presentada, el texto de la iniciativa incluye TODOS los espectáculos públicos que no sean teatro y circo, es decir; eventos deportivos, cine, conciertos y un etcétera tan grande como un brazo.

            Otra vez, el efecto previsible no es el aumento de la recaudación fiscal, sino el abandono del público de estos eventos ante su encarecimiento.

            Obviamente, éste es sólo un repaso muy superficial de algunas de las medidas contenidas en la iniciativa presentada por el ejecutivo. Pero conforme se profundiza en su análisis, los efectos negativos no hacen sino aumentar y los supuestos efectos positivos se presentan en su dimensión real, que es más bien nula.

Incluso en el mejor de los supuestos y ateniéndonos al discurso oficial, el paquete de reformas busca aumentar la recaudación fiscal en un total de 24 mil millones de pesos, lo cual contrasta con, por ejemplo, los 30 mil millones que el fisco perdonó a Televisa este año, por no hablar de los ingresos petroleros a los que la administración de Peña Nieto está más que dispuesto a renunciar a través de su reforma energética.

            Incluso en este escenario, la reforma fiscal no está pensada para aumentar la recaudación fiscal... Tanto más, pareciera pensada para ser insuficiente, a fin de poder argumentar, en el próximo ejercicio fiscal, la necesidad de más y mayores transformaciones impositivas y la una mayor constricción del gasto público en educación, salud y etcétera.

Mario Stalin Rodríguez