SUSPICACIA

instrucciones para prolongar el miedo

Ante lo ocurrido en la tarde del pasado 31 de Enero en las instalaciones administrativas de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y las diversas hipótesis que sobre ellos se han venido generando a lo largo de los días, cada una más absurda que la anterior, llegando a la cúspide del surrealismo en el intento de explicación oficial, es menester establecer algunos puntos.

                Al margen de lo absurdo que suena una explosión por acumulación de gas, que no generó fuego, sin un punto de detonación inicial (“explosión difusa”) y que se presenta, además, en el sótano de un edificio administrativo en el que no se guardaban materiales inflamables, sino el archivo muerto de la paraestatal... La explicación oficial suena absurda, porque tal es su intención; no esclarecer las causas de lo ocurrido, sino prolongar las suspicacias que sobre hecho se han ido acumulando.

                Ya desde las primeras horas era fácil escuchar hipótesis sobre “atentados terroristas”, mismas que fueron llevadas a su extremo más irresponsable por el columnista estrella del periódico oficialista Milenio, Ciro Gómez Leyva, al día siguiente (quien a la fecha, sobra decirlo, no ha publicado una retractación o, mínimamente, matizado lo escrito).

                Conforme los días pasaron, la irracionalidad se disparaba, alimentada, por supuesto, desde las fuentes oficiales con informaciones, cuando menos, contradictorias. Así, mientras mandos de la Secretaria de Seguridad Pública del DF (SSPDF) hablaban del hallazgo de restos de dos artefactos explosivos, el Jefe de Gobierno de esta entidad, Miguel Ángel Mancera, lo negaba en conferencia de prensa. Informaciones, ambas, imposibles de corroborar o descartar de manera independiente, pues desde el principió el área del siniestro fue acordonada y controlada no por los cuerpos de rescate, sino por elementos de la Marina y el Ejército Nacional.

                No resulta extraño, entonces, que la idea de un autoatentado cobrará fuerza entre el sector crítico de la población. Finalmente, la explosión bien podría haber destruido documentos importantes sobre los manejos oscuros de la directiva de la paraestatal... Ante todo acontecimiento extraño, decía Sherlock Holmes, la pregunta más importante es ¿a quién beneficia?

                La aclaración es pertinente; no es posible establecer fehacientemente que los hechos hayan sido realmente un accidente o, efectivamente, un autoatentado. Los oscuro de las investigaciones y el absurdo de la versión oficial no permiten establecer una secuencia de hechos coherente y, en estas circunstancias, descartarse por cualquiera de las opciones posibles sería, cuando menos, irresponsable.

                Lo que sí es demostrable, es que el Gobierno Federal y los medios oficialistas han aprovechado los hechos para correr una conveniente cortina de humo de doble función. Por un lado, aprovechar el ambiente de incertidumbre para impulsar políticas aún más represivas en contra del “crimen organizado”... Las comillas encuentras su pertinencia; no sería la primera vez que un gobierno emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), utilizara el pretexto del “combate al crimen” para reprimir movimientos sociales y desaparecer opositores.

                Por el otro lado, la amplia cobertura que se le ha dado al incidente, permite al poder económico, a sus ejecutantes en el Gobierno Federal y sus aliados del Partido Acción Nacional (PAN) y otros institutos políticos satélites (PANAL, PVEM y un etcétera que incluye a la parte más corrupta del propio PRD), impulsar lejos de los reflectores las llamadas “reformas estructurales”, entre las que se cuentan medidas como la privatización del sector energético (PEMEX y CFE), desaparición de la Seguridad Social  y los derechos laborales (Reforma Laboral), además del exterminio de la educación pública (Reforma Educativa) o la generalización del IVA, grabando con este impuesto incluso productos culturales, medicamentos y alimentos.

                Conviene, entonces, establecer claramente las prioridades. La muerte de ya 37 personas es condenable, tanto como indispensable es exigir el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables (ya sea por acción, omisión o negligencia). Pero, sobre todo, no podemos permitir que todo ello nos distraiga de la necesaria defensa de lo poco que queda del Estado Rector y de los derechos ciudadanos y laborales.

Mario Stalin Rodríguez