Torreón Infantil 02

2ª de 3 partes

Mario Stalin Rodríguez

Torreón, Coahuila. Durante el funeral del niño Carlos Muñoz Valdez, asesinado y víctima de abuso sexual en 1999, el entonces Procurador de Justicia del Estado de Coahuila, Ricardo Cisneros, ofreció personalmente al padre del menor, de quien era íntimo amigo, dedicar todos sus recursos para esclarecer el crimen, recuerda Carlos Muñoz padre.
Pese al ofrecimiento, el principal sospechoso, Enrique Busquets Casanova, gozó de libertad e impunidad durante más de un lustro. Casos como este y el de Succar Kuri (cuya culpabilidad es cada vez más evidente), rebelan el contubernio entre autoridades públicas y un selecto grupo de particulares, dedicados al jugoso negocio de la pornografía infantil.
En el asesinato de Carlos Muñoz, se aprecia de manera notable la actuación de los procuradores estatales Cisneros y su sucesor, Oscar Calderón, quienes desviaron la acción policíaca y permitieron a Busquets burlar a la justicia durante casi 6 años.

Un hombre común
A diferencia de Surcar Kuri, Busquets es no es un hombre rico ni su historia y apariencia permitirían suponer sus ligas con el poder político y económico. Es indudable, comenta Carlos Muñoz padre, que no compró la protección con dinero; “son otros los intereses que se movieron para encubrirlo. Aquí opera una extensa red de pederastia y pornografía infantil, ese fue el móvil del asesinato de Carlitos”.
De acuerdo al testimonio de Angélica María González, exesposa de Busquets, éste era un adicto a la pornografía, pasaba las noches visitando sitios electrónicos dedicados a la pornografía infantil y copiando material de sexo con niños. Lo hacía incluso en su casa, frente a sus hijos. No era extraño que el amanecer lo sorprendiera en estas actividades. Además de videojuegos, en su negocio Busquets comerciaba con discos compactos de pornografía infantil.
Pese a que estos datos eran conocidos desde el principio de la investigación, los mandos de la procuraduría estatal nunca permitieron realizar un cateo en el local propiedad de Busquets, ni se buscaron huellas digitales ahí o en la camioneta que trató de vender el días posterior al asesinato de Carlos Muñoz. No se aseguraron discos compactos ni su computadora personal, si bien, algunos videojuegos que contenían pornografía infantil vendidos por él sí fueron confiscados, casi dos años después, cuando ya había huido del país.

Los intocables
Durante la gestión de Cisneros en la Procuraduría Estatal la investigación del asesinato de Carlos Muñoz avanzó con paso lento, registrando múltiples irregularidades, errores y falsedades. Una de las más grabes, el extravío de las declaraciones ministeriales de Carlos Muñoz y su esposa, lo que impidió establecer fehacientemente la hora de la muerte del menor.
Muchas más irregularidades fueron presentándose al paso del tiempo. A las pocas semanas del asesinato, un indigente con incapacidad mental apodado El greñas se presentó como el asesino de Carlos Muñoz; “yo lo apuñalé”, declaró al Ministerio Público. El cuerpo no presentaba ninguna puñalada. Salió libre al poco tiempo.
El único testigo, Andrés Rodríguez de 11 años, quien había acompañado a Carlos hasta el local de Busquets el día de su asesinato, se retractó de su declaración sin que nadie, ni la policía, ni el Ministerio Público, le preguntaran el por qué de tal acción. En noviembre de 2005, un Andrés de 18 años acudió a rendir su cuarta declaración; hace siete años él sus padres fueron amenazados de muerte para que modificara su dicho.

Javier Gutiérrez Pesqueira, comandante de la policía municipal en 1999, fue el primer encargado del caso. Sus investigaciones lo llevaron inmediatamente hacia Busquets y la red de pornografía a la que éste pertenecía. Incluso, consiguió declaraciones de otros menores que habían sido hostigados sexualmente por Busquets. Fue él quien contrató los servicios de Savador Rafael Escobar, exagente del FBI.
Escobar aplicó el detector de mentiras a Busquets, la prueba demostró que esté había mentido al decir que no vio a Carlos Muñoz el 2 de enero de 1999. También comprobó que las huellas de la camioneta de Busquets coincidían con las encontradas en el predio en dónde fue arrojado el cadáver del niño. Todo ello valió para que Gutiérrez Pesqueira fuera acusado de obstrucción de la justicia y destituido del cargo. También fue destituido el agente del ministerio público que integró el expediente de la averiguación previa, Rafael Rosales.

A la llegada de Enrique Martínez a la gubernatura del estado, Oscar Calderón (recién nombrado Procurador) declaró que Carlos Muñoz había muerto “jugando luchitas o tae-kwon-do”. Declaraciones que despertaron la indignación pública, a la larga se vio obligado a nombrar a Juan García Chapa como fiscal especial para el caso.
García Chapa encontró que, tras año y medio de investigación, los trabajos llevaban ocho meses parados, el peritaje del detector de mentiras y otros documentos habían sido sustraídos del expediente, no se había interrogado nuevamente a la esposa de Busquets, ni se había asegurado el lugar donde se sospechaba se cometió el crimen. Tampoco había material o equipo confiscado.
Con un presupuesto que no alcanzaba para pagar ni la electricidad del despacho rentado donde estableció su oficina, Gracía Chapa logró rastrear el vehículo vendido por Busquets y ubicar el asiento trasero en un deshuesadero de la localidad, en éste se encontraron fibras de la camisa que Carlos Muñoz vestía el día de su muerte. También fue él quien logró el testimonio de Angélica María.
Con la ayuda de un experto, peinó los sitios de pornografía infantil en Internet, logró ubicar a Busquets y, tras meses de chatear con él bajo una identidad falsa, supo que este vivía en España. En un operativo conjunto con las autoridades ibéricas, la INTERPOL y el FBI, en septiembre de 2004 se logró su arresto.

La Juez María Luisa Valencia tuvo así en sus manos los elementos necesarios para dictar sentencia contra Busquets. De acuerdo a medios locales, recibió múltiples amenazas a medida que se acercaba el juicio.

Concluirá...