DE LA CONSULTA Y SUS MALQUERIENTES

Resulta sintomático que quienes llaman a no participar en la Consulta Popular sobre Responsabilidades de los Actores Políticos del Pasado, sean los mismos que pregonan a los cuatro vientos que, si resultara exitosa, los delitos que podrían ser perseguidos "ya prescribieron", porque están aceptando de manera tácita que los actores políticos del pasado (principalmente los expresidentes, pero no sólo los expresidentes) cometieron un montón de ilícitos por los que deberían haber sido sometidos a procesos legales.

             Y es éste el meollo del asunto.

 

Parte de la espuria alianza que el PRI y el PAN mantenían durante la fingida “alternancia en el poder” era, justamente, un pacto de impunidad. De ahí que, pese a que fuera parte importante de su campaña, Vicente Fox decidiera no investigar las múltiples irregularidades que implicó el empleo del FOBAPROA para el rescate bancario en los primeros momentos del Zedillato.

            Como tampoco ahondó en la visible corrupción que implicó ese otro gran desfalco a la nación que fue el Rescate Carretero de 1997, así como Zedillo no indagó en lo absoluto sobre las responsabilidades legales y políticas del Salinato en el desastre económico que llevó a “quitarle tres ceros al peso” en 1992-93, para encubrir la práctica bancarrota de Estado mexicano.

            Pacto de impunidad al que se acogieron también Fox y, sobre todo, Calderón, quien hasta ahora no había enfrentado ninguna responsabilidad por todos los crímenes que se cometieron durante su sangriento espuriato.

            Pacto de impunidad que continúa vigente en los estados donde aún gobiernan el PRI y el PAN o los restos del cadáver putrefacto que emplea las siglas del PRD. De ahí las múltiples maniobras que el saliente congreso local de Tamaulipas ha intentado para garantizar la no persecución de Cabeza de Vaca por sus nexos con el crimen organizado, o el silencio cómplice que PRIistas y PANistas guardan ante el lamentable espectáculo que el perredista Silvano Aureoles ha decidido montar en los últimos días de su gubernatura, mientras su estado, Michoacán, se sume en la violencia del crimen organizado que él dejo crecer.

 

Fuera de cuestiones meramente legaloides (como podría ser una muy dudosa “prescripción” de los posibles delitos), el éxito de la Consulta Popular permitirá la creación de Comisiones de la Verdad o grupos de investigación que permitan iluminar los oscurísimos procesos de las pasadas administraciones, señalando con nombre y apellido a los responsables que hasta ahora se habían escudado en ese pacto de impunidad.

 

Mario Stalin Rodríguez