jueves, agosto 17, 2006

¿Velar armas?

¿Velar armas?

Las declaraciones formuladas ayer por el presidente de Acción Nacional, Manuel Espino, constituyen una precisa radiografía de las actitudes autoritarias, antidemocráticas y patrimonialistas a las que ha llegado el grupo gobernante: en un lenguaje orwelliano, el dirigente del partido gubernamental opinó que los participantes en un intento de manifestación pacífica y legal, brutalmente reprimidos ayer sin justificación alguna por la Policía Federal Preventiva (PFP) frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, "quieren provocar un incidente violento y darle sustento a su dicho de un intento de represión por parte del gobierno". Espino encuentra que el ejercicio de libertades y derechos constitucionales ­como lo es la libre expresión de las ideas­ constituye un designio para provocar "sangre y fuego" en el país. La participación electoral perredista ­como la de la candidatura a la gubernatura chiapaneca­ es, a juicio del líder panista, algo que debe impedirse porque compromete la "seguridad nacional".

Si a los garrotazos propinados anteayer por los efectivos de la PFP contra legisladores y ciudadanos comunes que pretendían exhibir pancartas en la explanada de San Lázaro se suman las palabras del presidente blanquiazul, se integra un alarmante conjunto de hechos y palabras dictatoriales absolutamente inadmisibles para una sociedad que ha invertido enormes esfuerzos y muchísimas vidas para establecer en el país una institucionalidad democrática que hoy se ve amenazada desde adentro por los responsables de mantener su vigencia: un jefe del Ejecutivo federal que no ha dudado en quebrantar las leyes para imponer en la Presidencia de la República a un sucesor a modo, una autoridad electoral que establece descaradas alianzas con algunas de las fuerzas políticas y una dirigencia de la Cámara de Diputados que llama a la fuerza pública para que ésta golpee a integrantes de la legislatura.

En una entrevista con The New York Times, el presidente Vicente Fox se refirió a las elecciones y al conflicto poselectoral como una "prueba para el sistema democrático", que "será superada y resuelta conforme a la ley". Pero la institucionalidad no ha sido puesta a prueba por la realización de los comicios ni por el movimiento de resistencia civil que exige un recuento total de los sufragios a fin de esclarecer el verdadero resultado de la elección del 2 de julio, sino por el comportamiento faccioso de la Presidencia, el Instituto Federal Electoral y el poder de facto de cúpulas empresariales y consorcios mediáticos que se han venido desempeñando, de manera por demás inapropiada y hasta ilegal, como si fueran partidos políticos.

En suma, el riesgo de una crisis institucional, de desestabilización e ingobernabilidad, no reside en el ejercicio pacífico de los derechos ciudadanos, sino en usos represivos e injustificados del poder público, como el que se realizó anteayer en los alrededores del Palacio Legislativo. Los verdaderos incendiarios no están en los plantones sino en las oficinas del gobierno federal y de su partido, y da la impresión, por sus actos y sus palabras, que están velando las armas de la represión con el propósito de deshacerse, por medio de la violencia, del movimiento de resistencia civil articulado en torno de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Cabe esperar que el foxismo no cometa, en sus postrimerías, una equivocación y una irresponsabilidad de tales proporciones.

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