viernes, julio 28, 2006

La hora del tribunal

La hora del tribunal

Tras el desastre creado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en el proceso aún en curso, toca al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) esclarecer conforme a derecho la turbiedad de las cifras oficiales y las vastas dudas que generan los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el extraño conteo distrital efectuado el miércoles y el jueves posteriores a la elección del dos de julio. Ciertamente, la instancia judicial no realiza su tarea en el escenario ideal, ni siquiera en el deseable. Los dos candidatos presidenciales más votados reclaman el triunfo; amplios sectores de la ciudadanía se movilizan pacíficamente para demandar que los sufragios sean contados uno a uno ante la sospecha de que los comicios estuvieron marcados por el fraude y los grupos en el poder ­el político, el mediático, el económico, el religioso­ han retomado su campaña de descalificación, inducción del miedo y, a últimas fechas, propagación del odio, todo ello en el afán y en la prisa de poner a Felipe Calderón Hinojosa en la silla presidencial sin más trámites, así tengan que sortear para ello una montaña de cuestionamientos a la pulcritud, la equidad y la buena fe del gobierno federal y de las autoridades electorales.

La propuesta del recuento de los votos totales ha ido ganando espacio, por su sensatez, y ha persuadido a no pocos partidarios del aspirante panista. La idea es que, ante la conjunción de una competencia electoral muy cerrada y los indicios de fraude, resulta obligado poner en práctica un mecanismo que legitime a quien vaya a gobernar el país por los próximos seis años, sea quien sea. Contar los votos uno por uno y casilla por casilla es la única manera de corregir las cuentas desaseadas e inverosímiles presentadas en su momento por el IFE. Este nuevo cómputo permitiría corregir las evidentes incoherencias numéricas, independientemente de si se originaron en errores involuntarios o en un designio de torcer el veredicto ciudadano. En cualquier caso, el recuento despejaría la crispación política que actualmente se vive en el país, obligaría a uno de los dos candidatos ­sea Felipe Calderón o Andrés Manuel López Obrador­ a reconocer su derrota y dejaría suficiente margen de acción al otro para asumir la Presidencia en un ambiente menos polarizado.

Cabe esperar que el TEPJF logre llevar a cabo su tarea y sortear las vastas presiones sociales que enfrenta por un lado, y las enormes influencias del poder y del dinero que sufre por el otro. Si así fuera, el país podría dar por superado el catastrófico traspié institucional causado por la impertinencia presidencial, la intromisión de los dueños del dinero en las campañas y la torpeza y la parcialidad con que han venido actuando los consejeros del IFE.

Un primer indicio positivo en este sentido ha sido la llamada de atención que el magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata dirigió a una docena de presidentes de distritos electorales que no pudieron o no quisieron presentar en forma completa las actas circunstanciadas que sustentarían las objeciones y demandas presentadas por la coalición Por el Bien de Todos. Las omisiones referidas podrían ser una expresión más de la incapacidad del IFE, pero en el contexto presente resulta inevitable preguntarse si no son uno más de los recursos facciosos empeñados por ese instituto en su sostenido propósito de favorecer a uno de los contendientes y perjudicar al otro, antes, durante y después de la jornada electoral.

Otras prácticas del organismo electoral que dan pie a la sospecha fueron denunciadas ayer, en la sesión de su consejo general, por los representantes de la coalición Por el Bien de Todos y de la Alianza por México, quienes protestaron por la aparente mala fe con que el IFE hace llegar notificaciones a los opositores y retrasa quejas y recursos interpuestos contra los candidatos del oficialismo.

Es imperativo que el TEPJF restaure la institucionalidad, dislocada por el equipo que preside Luis Carlos Ugalde, y ordene mecanismos que permitan saber a la ciudadanía por quién votó mayoritariamente el pasado 2 de julio. A casi un mes de la elección, ese dato crucial sigue sin conocerse, y aun así no faltan quienes defienden a capa y espada la "eficiencia" y la "credibilidad" de unos funcionarios electorales que el país no se merecía.

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