Funcionarios que dañan a las instituciones

Funcionarios que dañan a las instituciones

Encabezados por Jesusa Rodríguez y Daniel Giménez Cacho, integrantes de Resistencia Creativa se manifestaron en las afueras del hotel Fiesta Americana, para denunciar que el dueño de dicha cadena, Gastón Azcárraga, financió la campaña del panista Felipe Calderón.

La denuncia presentada ayer por la representación de la coalición Por el Bien de Todos ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los nueve integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), en particular contra su consejero presidente, Luis Carlos Ugalde, es una consecuencia lógica de la extrema irresponsabilidad con que esos funcionarios públicos manejaron un proceso electoral que debió ser terso y que, en buena medida gracias a ellos, ha desembocado en polarización social, descrédito generalizado e incertidumbre institucional. En efecto, a lo largo de las campañas, los consejeros del IFE fueron obsecuentes ante las intromisiones del Ejecutivo federal a favor del candidato oficial, Felipe Calderón, y en contra de su rival perredista, Andrés Manuel López Obrador; no pudieron o no quisieron detener la descarada e ilegal campaña de proselitismo realizada por cúpulas empresariales para inducir el voto a favor del panista, y el día de la elección y en los siguientes consiguieron embrollar a tal grado las cifras y las cuentas que hoy se hace indispensable, para despejar la maraña de dudas generadas por las incoherencias del insstituto y tener una idea precisa de quién ganó la contienda presidencial, un recuento confiable del conjunto de sufragios. Por si no bastara, Ugalde se extralimitó en sus funciones y proclamó vencedor de los comicios a Calderón Hinojosa; en días recientes, para colmo, este Consejo General del IFE ha terminado de dilapidar los restos de su credibilidad en una campaña publicitaria en la que sin ningún pudor toma partido por el candidato del PAN y descalifica abiertamente las quejas formuladas por la coalición Por el Bien de Todos.

A estas alturas, es difícil percibir como mera coincidencia el desembozado calderonismo de Ugalde, sus viejos, estrechos y públicos vínculos con Elba Esther Gordillo y el respaldo entusiasta que esta lideresa magisterial ha brindado al aspirante presidencial panista, a quien ayer, en el contexto de los mimos a Calderón por parte de lo peor del charrismo sindical de origen priísta, llamó "presidente electo", un despropósito si se considera que el político michoacano no ha sido declarado tal por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Son insoslayables también otras sintonías declarativas, como la que hay entre las palabras de la dirigente sindical y los dichos de Rubén Aguilar, desmentidor oficial del Presidente, quien asegura que "el IFE decretó ya a un candidato ganador"; o la que puede observarse entre Ugalde, a cuyo juicio las críticas a su pésima gestión "debilitan a la institución pivote de la democracia mexicana", en referencia al órgano electoral que todavía encabeza, y el presidente Vicente Fox, quien ahora predica la necesidad de "cuidar a las instituciones" y el "patrimonio democrático", como si no fuera él el principal demoledor de la credibilidad presidencial y uno de los artífices fundamentales del descrédito que padecen, hoy, los procesos electorales.

El propio Rubén Aguilar dio ayer un clarísimo ejemplo de cómo el foxismo pervierte y desfigura la institucionalidad política: dijo, en referencia a la posibilidad de una presidencia interina en caso de que el conflicto poselectoral en curso no encuentre otra solución, que "esa idea que anda flotando por ahí es absolutamente absurda en términos políticos y en términos jurídicos; no está dada ninguna condición para poder pensar en eso, quien lo piensa no conoce la realidad de este país".

Independientemente de que una presidencia interina sea o no deseable, lo cierto es que el artículo 85 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un texto cuyo conocimiento evitaría uno que otro bochorno al personal de Los Pinos, señala: "Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el presidente electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el 1o. de diciembre, cesará, sin embargo, el presidente cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior."

Pero lo de menos es la ignorancia de los "términos políticos y jurídicos" de que hace gala el portavoz presidencial. Lo más grave es que, por su conducto, la Presidencia de la República pretende inmiscuirse en el ámbito de atribuciones de una institución distinta, el TEPJF, y hasta dictarle lo que debe ser considerado "absurdo".

En efecto, las instituciones del país están bajo ataque, pero éste no proviene de causas y protestas ciudadanas expresadas en paz y con apego a las leyes, sino de funcionarios que se desempeñan con torpeza, mala fe, ignorancia y extralimitación. Ahí están, para ilustrarlo, la parcialidad y la ineptitud de Ugalde y sus compañeros del Consejo General del IFE, la improcedente y continuada beligerancia de Los Pinos contra uno de los candidatos presidenciales, o los dislates de Aguilar.